Existe una sensación que es casi generalizada en lo que respecta a los radares que la Dirección General de Tráfico, una sensación que la misma DGT parece potenciar cada día que pasa y es aquella que acusa de afán recaudatorio el empleo de estos dispositivos de medición de velocidad. Es un tema recurrente en multitud de conversaciones e incluso en medios especializados se habla sobre, más aún cuando parece ser que la recaudación mediante radares ha subido nada menos que un 37%.
Los límites que tienen las carreteras españolas actualmente, esos 120 km/h en autopista por ejemplo, datan de la década de los 70, cuando los vehículos y las carreteras estaban a años luz de distancia de lo que hoy podemos disfrutar. Son límites totalmente superados y que son fáciles de sobrepasar a poco que te descuides y no vigiles el velocímetro del coche. En teoría, la DGT argumenta para seguir manteniéndolos y no modificarlos la seguridad de todos los usuarios que recorren cada día las carreteras españolas, motivo más que loable y absolutamente respetable, siempre y cuando se cumpliera…
Durante los últimos cinco años, las multas por radares no han parado de subir. Se ha pasado de los 120 millones que recaudaron en 2012, a los 164 millones que se han conseguido en 2016. Con esto, las multas por radares se han convertido en una de las mayores fuentes de ingresos de la Dirección General de Tráfico en 2016, siendo un 41,5% del total, frente al 29,7% de 2012. No habría problema y todo iría sobre ruedas si uno de los objetivos se cumpliera, pues los accidentes de tráfico y las víctimas mortales no se reducen.
Según dicen desde Tráfico, el aumento de la recaudación y de las multas se debe a la modificación que se ha realizado hace poco en cuanto a la gestión de las carreteras en España. Estas modificaciones llevaron a instalar todos los radares móviles, o casi todos, en vías secundarias, donde se registran el mayor número de víctimas mortales superando el 75%. También se escudan en el incremento de la movilidad que hubo en 2015, que supuso un 9% más que el año anterior y también, en el aumento de desplazamientos de 2016, que subió otro 5%.
Dichos datos no logran ocultar el malestar general y la pésima imagen de los radares, que siguen haciendo que la población y las asociaciones hagan hincapié en el afán recaudatorio más que la búsqueda de seguridad en nuestras carreteras. AEA (Automovilistas Europeos Asociados) argumenta que a pesar del gran número de denuncias, no se evitan los excesos de velocidad ni los siniestros en carretera. El RACE por su parte comenta que ‘un radar oculto, del que no avisan y que no está señalizado, cumple una función más recaudatoria que preventiva.’ La DGT se defiende afirmando que ‘sin infracción, no hay multa’.
Y mientras tanto, la DGT tiene preparada la llegada de 60 nuevos cinemómetros para el control de la velocidad en las carreteras españolas con el supuesto objetivo, ya sabéis, de reducir la siniestralidad vía. Además, y como contraste y dato que da para pensar, se trata de una medida urgente debido al aumento de los accidentes durante el año 2016. Es decir, hay muchos accidentes a pesar de la alta recaudación y la mejor manera de contenerlos es, poner más radares… radares que costarán, sumando compra e instalación, 1,5 millones de euros.